El día treinta de junio el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia por la que se estima el recurso interpuesto por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) en contra de la construcción de un puente en el parte alta del Barranco del Río, proyecto que ha sido promovido y financiado por la Viceconsejería de Medio Ambiente. Una vez más, los tribunales ponen en evidencia cómo los gestores de las administraciones públicas incumplen las normativas legales y, también, como los hechos confirman que el medio ambiente les trae sin cuidado a Coalición Canaria (CC) y al Partido Popular (PP), que son otros los intereses que realmente defienden y promueven.

Parte media del Barranco del Río

En noviembre de 1996, el entonces Viceconsejero de Medio Ambiente Manuel Torres Herrera, publicaba en la prensa local una replica a los argumentos expuestos por ATAN, titulada "Consideraciones sobre la construcción del puente del Barranco del Río", donde afirmaba: "La Consejería ha sido exquisitamente escrupulosa en la realización de todos los trámites necesarios para llevar a cabo la obra, sin ningún tipo de ocultismo, porque no hay nada que ocultar cuando se cree en la necesidad de realizarla". Pues bien, ATAN dijo en su momento que esto era falso, entre otras cosas por saltarse el trámite de información pública, y por tanto que la Consejería mentía deliberadamente, algo que confirma la sentencia del treinta de junio en su apartado quinto y que concluye con este clarificador párrafo: "La obligación de los poderes públicos de conservar el medio ambiente debe estar apoyada en la solidaridad colectiva - deber de los ciudadanos de preservarlo - con lo que difícilmente se podrá contar si no se ha tenido en cuenta la opinión de los ciudadanos al tomar decisiones que puedan tener incidencia en este ámbito".

El apartado sexto de la sentencia es demoledor desde su primer párrafo: "Las obras ejecutadas no sólo no estaban prevista en el planeamiento urbanístico, al menos por lo que se refiere a las normas subsidiarias de Granadilla de Abona, sino que afirmamos, en contra del criterio de la administración, que están prohibidas expresamente". Más claro imposible.

Pico de paloma Lotus berthelotii

ATAN denunció en su momento el silencio cómplice del responsable de medio ambiente en el Cabildo de Tenerife (a pesar de presidir el Patronato de Espacios Naturales de la Isla permitió que éste fuera ninguneado por la Consejería) con una obra manifiestamente ilegal y que supone un grave impacto ambiental. Tampoco ayuntamiento de Granadilla demostró interés en hacer cumplir su propio planeamiento. El despotismo (desgraciadamente nada ilustrado) con el que actúan el PP y CC se hace cada vez más evidente, se desprecia al pueblo que dicen defender, actúan de manera contraria a lo que vociferan en sus campañas electorales y se saltan las normas en función de unos intereses que la mayoría desconocemos, pero cuyas consecuencias son una explotación cada vez más intensa de nuestros escasos recursos. La sentencia paraliza - por ahora - el proyecto de abrir al turismo bajo la excusa de la lucha contra incendios, uno de los mejores pinares de la isla, reducto de especies en peligro de extinción como es el caso del Lotus berthelotti, y de una importantísima área de protección para la avifauna.

Esperemos que los nuevos responsables de la Consejería de Política Territorial cumplan la sentencia derribando las obras ejecutadas y restaurando, en la medida de lo posible, la zona afectada. Aunque no parece que quede mucho margen para el optimismo, la consejera de turismo del Cabildo de Tenerife, Pilar Parejo, se congratulaba por el constante aumento de visitantes ¡casi cinco millones al año! pero ni una palabra sobre la moratoria turística. Nuevas urbanizaciones, más carreteras, más coches, más deterioro paisajístico y peor calidad de vida son la consecuencia de los programas que aplican en su labor de gobierno CC y el PP; por eso, como ocurrió con el proyecto de puente del Barranco del Río, se saltan las normas y eluden la información pública.