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¡Nueva victoria en Taguluche! El medio ambiente, los partidos políticos y la embotelladora de Taguluche

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado sentencia en el contencioso presentado por los vecinos de este pago del Municipio de Valle Gran Rey. El fallo declara improcedente, por ser contraria a derecho, la ubicación en este caserío de un planta embotelladora de agua. En los fundamentos de derecho, el tribunal deja meridianamente claro lo que ya sabían los vecinos, los grupos ecologistas, los científicos y los técnicos: el proyecto era injustificable, un auténtico atentado ecológico a un espacio protegido, suponía la apropiación de un agua privada históricamente ligada al riego. Este disparate sólo es comprensible en personas y partidos que tienen el medio ambiente, el respeto a los ciudadanos y a las normas propias de un estado de derecho en el último lugar de sus prioridades. Como dice la sentencia: “No es determinante la creación de puestos de trabajo , máxime lo exiguo de ello, siete puestos; tampoco el abaratamiento del costo. Pero sobre todo según [la jurisprudencia] del Tribunal Supremo no se puede superponer el interés económico a otros valores ambientales, paisajísticos, etc…”. La sentencia afirma que esta planta embotelladora sólo iba a beneficiar a las arcas de una empresa, Ica Ingeniero, y del ayuntamiento, pero, a costa de perjudicar a los vecinos de Taguluche y de alterar irreversiblemente un espacio natural.

El Partido Socialista, que gobierna en todas las instituciones de la Isla, excepto el Municipio de Valle Gran Rey, financió la construcción de la embotelladora. No apoyó la manifestación de protesta más concurrida de la historia de San Sebastián. El Consejo Insular de Aguas ignoró el problema y no atendió ni escuchó a las personas afectadas. El presidente del cabildo y el consejero de Medio Ambiente se negaron a dialogar con los afectados y con las asociaciones ecologistas, tampoco aceptaron participar en debates, ni respondieron a los manifiestos firmados por decenas de científicos y técnicos y, por supuesto jamás han dado una explicación pública, ni han creído necesario justificar porqué invirtieron el dinero del contribuyente en esta “industria”. Pero, con el aval que da esta sentencia, creo que está justificado pedir al Partido Socialistas que aclare si apoya estas esta forma de gobernar, que digan que si así entienden los socialistas los usos y normas de una sociedad democrática. Sería de gran interés par los votantes de cara a las próximas elecciones.

Repartir cartuchos de papel con el lema “La Gomera, isla ecológica” es lo más llamativo que hacen los socialistas en pro del medio ambiente, pero la realidad demuestra que sobran palabras y faltan hechos. No es casualidad que el único dirigente socialista que participó en la manifestación de San Sebastián fue el alcalde de Vilaflor. El edil chasnero, dando ejemplo de solidaridad y coherencia, se desplazó a la capital gomera arropado por una nutrida representación de sus vecinos. Esta asistencia fue criticada por sus compañeros de partido. No es de extrañar que entre los críticos figurara el alcalde de Granadilla, que se gasta el dinero público en concursos de telebasura para ganar votos, el alcalde de Adeje, que permite campos de golf en espacios naturales o el de Guía de Isora, acérrimo defensor de más urbanizaciones. Son los mismos que dieron su beneplácito al tendido aéreo de alta tensión, los mismos que piden más puertos comerciales y deportivos, más carriles en las autopistas y más pistas en el aeropuerto.

¿Y ahora quién devuelve al erario público los centenares de miles de euros que se han invertido en la construcción de la embotelladora? El Gobierno de Canarias la declaró de interés social, el cabildo de la isla puso el dinero, el alcalde de Valle Gran Rey la “brillante idea”. Pero ninguno, a los antecedente me remito, asumirá sus responsabilidades, ni explicaran porqué siguieron adelante con un proyecto manifiestamente ilegal. De Coalición Canaria, ¿qué se puede decir? Basta con ver lo que ha hecho y como actúa el alcalde nacionalista de Valle Gran Rey. No es casualidad que próximamente tenga que sentarse en el banquillo de los acusados imputado por un delito ecológico. Para este señor el interés de la mayoría le tiene sin cuidado, el beneficio de unos pocos es su guía de gobierno, algo que deja claro la sentencia. A veces, estos caciques tropiezan con un obstáculo no previsto: la contestación pública, el rechazo de los ciudadanos. La manifestación contra el tendido eléctrico en Vilaflor consiguió la cuadratura del círculo en política: que los de Coalición Canaria acudieran a manifestarse contra sus propias decisiones. En otras, la perseverancia de los afectados y de las asociaciones ecologistas ha conseguido que la justicia restablezca el imperio de la ley, la primacía de valores constitucionales y, concretamente, la conservación del patrimonio natural.

Eustaquio Villalba Moreno
Portavoz de ATAN

Mayo de 2003


La Gomera


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