ATAN

Alegaciones presentadas a los expedientes relativos a la concesión de cultivos marinos para llevar a cabo frente a Las Galletas (Arona), en el Sur de Tenerife.

A LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN VICECONSEJERÍA DE PESCA GOBIERNO DE CANARIAS


C/ La Marina, 35, Edificio Usos Múltiples I, planta 11ª Santa Cruz de Tenerife

..., mayor de edad, con D.N.I. nº ..., como Presidenta y en nombre y representación de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), con domicilio social, a efectos de notificaciones, en el apartado de correos 1.015 (38080) de Santa Cruz de Tenerife, comparece y EXPONE:

Que estando en período de información pública "los expedientes relativos a la solicitud de concesión administrativa de cultivos marinos para llevar a cabo un proyecto dedicado al engorde y producción de dorada y lubina, a situar frente a Las Galletas, en el término municipal de Arona, promovido por las empresas Cultivos Marinos Nautilus, S.L. (Expte. Nº 3/02/TF) y Cultivos marinos Save, S.L. (Expte. Nº 6/01/TF)" por medio del presente escrito viene a formular las siguientes

ALEGACIONES

Primera.- Se formulan alegaciones conjuntamente a las dos solicitudes a la vista de que ambos proyectos son prácticamente iguales, se pretenden ubicar en la misma zona, se han elaborado por la misma consultora y han sido acumulados por parte de la Viceconsejería de Pesca a efectos de aplicarle el máximo nivel de evaluación de impacto, en cumplimiento del acuerdo de la C.O.T.M.A.C. tomado en su sesión celebrada el 23 de diciembre de 2003.

Para esta acumulación la C.O.T.M.A.C. también ha tenido en cuenta y ha valorado que junto a estos dos expedientes se tramita un tercero que aún no ha salido a información pública pero que se viene tramitando actualmente en la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias, promovido por la empresa Parque Mar Paraíso, S.L. La zona del dominio público marítimo-terrestre objeto de concesión es de nada menos que 382.638 m2 de superficie de mar.

Segunda.- Los proyectos se pretenden desarrollar sobre el espacio marino protegido denominado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES7020116 Sebadales del Sur de Tenerife, y como tal, es asimismo Área de Sensibilidad Ecológica (ASE) a efectos de limitación de usos, en virtud de los hábitats y especies que motivaron su declaración, tal y como establece el Plan Insular de Ordenación de Tenerife.

Asimismo, la zona elegida por los promotores es limítrofe con otro Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), ES7020017 Franja Marina Teno-Rasca. Ambos espacios protegidos albergan especies de la flora y fauna marinas protegidas.

Tercera.- Hasta la fecha, todas las concesiones para la acuicultura otorgadas por la Viceconsejería de Pesca en la isla de Tenerife se encuentran en zonas de altísimo valor ecológico y, por tanto, protegidas.

En el caso concreto del término municipal de Arona, existen un total de ocho concesiones administrativas de cultivos marinos, todas ellas en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ES7020017 Franja Marina Teno-Rasca. Esta zona, a su vez, también está afectada por la Orden de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, de fecha 8 de marzo de 2002, por la que se incoa el procedimiento de declaración del Parque Natural Marino de Las Ballenas.

Pero es que, además, en el LIC Sebadales del Sur, donde se pretende otorgar estas tres nuevas concesiones, la Viceconsejería de Pesca, próxima a ellas ya ha aprobado otra concesión administrativa, concretamente la situada frente a la costa de la Playa de Colmenares, entre los puntos denominados "Punta de Los Abrigos" y "Punta de Montaña Amarilla", en el vecino término municipal de San Miguel de Abona, a favor de la empresa Nesurten, S.L. (Expte. Nº 3/95/01/TF), con una ocupación del domino público marítimo-terrestre de 159.335 metros cuadrados.

Cuarta.- Esta circunstancia es especialmente grave, teniendo en cuenta que la acuicultura es una auténtica actividad industrial, con la particularidad de que no se desarrolla en un polígono industrial, sino en el medio marino. Al respecto, el impacto de las jaulas marinas es especialmente importante y se traduce en, al menos, los siguientes efectos:

Las jaulas producen una gran cantidad de desechos orgánicos (que, además, llevan sustancias asociadas de importancia para el medio como antibióticos) que se acumulan en los fondos cuando están situadas a poca profundidad (como es el caso de Canarias), sobre todo cuando se trata de bahías, ensenadas o zonas con bajo o moderado hidrodinamismo.

Si el lugar no es importante ecológicamente (un fondo de arena despoblado, por ejemplo) el impacto no es importante, en principio, y el desarrollo de la actividad acuícola es aceptable, pero por desgracia muchas jaulas están instaladas o se pretenden instalar, como es el caso, en lugares donde se desarrollan praderas de fanerógamas o de algas importantes, bien debajo mismo de ellas o en sus proximidades; y en esos casos el exceso de materia orgánica y la turbidez que se genera las asfixia y el ecosistema se degrada en cascada, perdiéndose todas las funciones ambientales que cumplía (entre ellas la muy importante de servir de zonas de reproducción y cría para muchas especies de peces e invertebrados).

Todo ello sin contar con otros efectos importantes de otra índole como el impacto visual en zonas turísticas, la sensación que transmiten de que el agua en su entorno no está limpia, las dificultades para la navegación y los deportes náuticos, el impacto que producen en el ecosistema las toneladas de doradas y lubinas que se escapan con mucha frecuencia (roturas, sabotajes, etc.). Asimismo, es especialmente grave el comportamiento anómalo que se genera en otros organismos como los delfines mulares y las tortugas marinas (especies protegidas), que están cambiando su comportamiento salvaje y mendigan en el entorno de las jaulas, lo que conlleva riesgos para ellas. Este mismo comportamiento afecta a otras especies que pueden ser peligrosas para las personas.

Quinta.- A la vista de todo ello, es evidente la incompatibilidad de la actividad de la acuicultura con la debida protección y conservación de los espacios naturales marinos protegidos y las especies que albergan, especialmente con aquellos que precisamente han sido declarados como tales por la presencia de hábitats y especies prioritarias, como es el caso de los Lugares de Importancia Comunitaria citados que albergan cetáceos, tortugas marinas y comunidades de fanerógamas.

Es también evidente y prioritario la necesidad de una regulación de la actividad, cosa que hasta la fecha no ha querido abordar la Viceconsejería de Pesca, que se ha limitado a "dejar hacer" a la iniciativa privada. En este sentido, las concesiones para la acuicultura se han otorgado con absoluta discrecionalidad, sin atender a ninguna planificación u ordenación de una actividad, carente de regulación o régimen jurídico específico, en el que se contemplen aspectos comunes a cualquier instalación, prohibiciones, obligaciones, recomendaciones genéricas o buenas prácticas de gestión; situación ésta que no ha sido corregida con la entrada en vigor de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias.

Algunas de estas carencias se han pretendido solventar vía Declaración de Impacto Ecológico, tal es así que la propia COTMAC ha señalado en una de sus últimas resoluciones sobre la acuicultura lo siguiente: "Las Declaraciones de Impacto Ecológico emitidas hasta la fecha sobre instalaciones de acuicultura, recogen sistemáticamente una serie de prohibiciones expresas, recomendaciones genéricas y buenas prácticas de gestión de las instalaciones, que de estar reguladas normativamente no sería necesario su reiteración a través de Declaraciones de Impacto Ecológico. Es por este motivo, por lo que se recomienda que la Viceconsejería de Pesca impulse la elaboración del desarrollo normativo necesario para que estos aspectos comunes a cualquier instalación de acuicultura sea de obligado cumplimiento" (Resolución de 23 de julio de 2004, por la que se hace público el acuerdo de la COTMAC, relativo a la D.I.A. sobre proyecto denominado "cultivo de dorada y lubina en jaulas flotantes" BOCA 6 agosto 2004).

Sexta.- Esta incompatibilidad indicada en el apartado anterior, así como la necesidad de una ordenación y planificación previas, encuentra fundamento legal, entre otras, en las siguientes disposiciones:

  • La Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, en cuyo preámbulo se reconoce el considerable vacío normativo, regula en el Título II, la acuicultura, introduciendo la figura del Plan Regional de la Acuicultura, como un instrumento de planeamiento pero con un alto contenido normativo, a los efectos de lograr que el desarrollo legislativo necesario para la eficaz gestión de la acuicultura se concentre en un único documento.

    Este Plan Regional se constituye como un instrumento de ordenación de la actividad acuícola en la Comunidad Autónoma de Canarias, haciendo compatible su ejercicio con la protección de los recursos naturales afectados, debiendo sujetarse a las Directrices de Ordenación y a los Planes Insulares de Ordenación, en los supuestos en que alguna de sus previsiones tuviera incidencia territorial (art. 25.1).

    Por tanto, lo coherente sería que, por parte de la Viceconsejería de Pesca, se proceda a la paralización de los expedientes en trámite o su denegación en tanto no se formalice este Plan. De no ser así, esta planificación estaría condicionada por la situación de hecho que se ha ido generando por la incapacidad de los responsables de Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

  • El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, modificado por Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

    Las concesiones afectan a un total de 382.638 metros cuadrados del LIC ES7020116 "Sebadales del Sur de Tenerife". A esta superficie hay que añadir, al menos, otros 159.335 metros cuadrados de la concesión otorgada en San Miguel, próxima a éstas. Asimismo, a esta afección habrá que acumular el grave e irreversible efecto que sobre parte de ese LIC va a generar la construcción del Puerto Industrial de Granadilla.

    Esta situación es totalmente inadmisible y contraria al espíritu y letra de la Directiva de Hábitats. Al respecto, El citado Real Decreto 1997/1995, impone a las Comunidades Autónomas la obligación de aplicar las medidas de conservación necesarias para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable de estos hábitats (el LIC Sebadales del Sur alberga hábitats y especies catalogadas por la Directiva de Hábitats como "prioritarias"); entre ellas la adopción de medidas apropiadas para evitar en estas zonas el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats especiales, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado su designación.

    Por el contrario, de aprobarse estas nuevas concesiones se estarían introduciendo actividades incompatibles con la conservación del espacio y de las especies que alberga, contrariando ese mandato.

  • Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias.

    En la zona donde se pretende desarrollar la actividad están presentes numerosas especies de la flora y fauna marina protegidas, incluidas en este Catálogo así como en el Catálogo Nacional. Entre ellas cabe destacar la fanerógama marina, Cymodocea nodosa, incluida con la categoría de "sensible a la alteración de su hábitat" (referida a aquellas cuyo hábitat característico está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado); asimismo es destacable la presencia de la tortuga boba, Caretta caretta, clasificado con la categoría de "en peligro de extinción" (reservada para aquellas especies cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando) y el delfín mular, Tursiops truncatus, con la categoría de "vulnerable" (destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos).

    Este hecho obliga a la administración pública a la adopción de medidas para su protección y conservación, en las que se deberán incluir el establecimiento de medidas cautelares, medidas directas de protección de la especie, medidas de restauración o conservación de su hábitats, entre otras. En tal sentido, es indudable, a la vista de los efectos de la acuicultura sobre estos hábitats y especies, tanto su incompatibilidad en esa zona con la protección de estas especies, como la necesidad de una previa aplicación de las medidas establecidas en el citado Decreto 151 (artículos 4 y 5) y demás normativa concordante.

    Al respecto hay que señalar que la Universidad de La laguna elaboró un trabajo por encargo de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias denominado "Proyecto de apoyo para la conservación de Caretta caretta y Tursiops truncatus en las Islas Canarias" donde se señalan las zonas donde no se deben colocar jaulas marinas para la acuicultura en el sur de la isla de Tenerife, entre las que se incluye la zona propuesta. Es por tanto conocido por el gobierno de Canarias esta circunstancia, correspondiéndole actuar en consecuencia a favor del interés general concretado en la defensa de las especies protegidas.

  • Ley 11/1990, de Prevención del Impacto Ecológico.

    El estudio de Impacto sometido a información pública habla de Estudio Básico de Impacto Ecológico, y, por tanto, no se adecua al mandato de la COTMAC, que exige una Evaluación de Impacto Ambiental, es decir el máximo nivel.

    En cualquier caso, el estudio de impacto vulnera el contenido mínimo que ha de reunir esta evaluación. Concretamente, en lo que se refiere a la necesidad de evaluar las alternativas, los redactores del proyecto se limitan a evaluar otra alternativa localizada a escasa distancia de la anterior. Por el contrario, con este hecho se desvirtúa esta obligación de evaluar otras alternativas que supongan un menor impacto o que se puedan concretar una serie de medidas correctoras.

    La acuicultura se desarrolla fundamentalmente en el dominio público marítimo-terrestre, por tanto no existe una titularidad territorial privada que condicione al promotor a desarrollar esa actividad en "su propiedad". Es evidente que la búsqueda de alternativas, en cualquier caso, debe realizarse fuera de espacios naturales protegidos o de alto valor ecológico y, por tanto, fuera de los LICs marinos. Se ha de fundamentar por parte del promotor que no existen alternativas para el ejercicio de esa actividad fuera de esas zonas protegidas y no, como se pretende, que esta exigencia legal se convierta en un mero trámite burocrático, efectuado por el evaluador para dar satisfacción y facilidades a su promotor privado en detrimento, como ocurre en el presente caso, de la conservación del dominio público y de espacios naturales protegidos.

    El propio estudio reconoce los importantes impactos (en algunos casos severos) que produce el proyecto lo que conduce en buena lógica, juntamente con las afecciones citadas, a que por parte de la COTMAC se dicte una Declaración de impacto "desfavorable".

  • Decreto 28/2004, de 23 de marzo, por el que se acuerda iniciar el procedimiento de elaboración de las Directrices de Ordenación del Litoral.

    Actualmente está en fase de elaboración el instrumento de planeamiento que integra la ordenación de los recursos naturales y del territorio marino y del litoral y que tiene entre sus objetivos:

    "Disminuir la presión humana e infraestructural sobre el litoral y establecer el marco ordenador adecuado para su regeneración, recuperación y acondicionamiento para el uso y disfrute públicos, como zona de valor natural y económico estratégico;

    "articular las actuaciones tendentes a garantizar el desarrollo sostenible de Canarias, considerando el litoral, a estos efectos, como una de las partes más valiosas, sensibles y frágiles del territorio insular, sometida a una especial presión humana";

    "coordinar las políticas y actuaciones públicas que tengan una afección sobre el litoral;

    "establecer las líneas de actuación que faciliten la reconversión de las actividades económicas que tengan incidencia negativa sobre el litoral;

    "definir los criterios básicos de ordenación y gestión del litoral, propiciando la conservación de la biodiversidad y el uso racional de los recursos naturales relacionados con el mismo... etc.

    En pura coherencia con esta situación, promovida por el propio gobierno de Canarias, este gobierno, a través de la Viceconsejería de Pesca, debe empezar por dar ejemplo y denegar estas concesiones en tanto no se aprueban las citadas Directrices. Sería contradictorio, aunque no extraño en esta Comunidad Autónoma, que mientras una parte del gobierno planifica, otra parte de ese mismo gobierno condiciona esa planificación, como ocurriría con el presente caso.

  • Decreto 150/2002, de 16 de octubre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación de Tenerife.

    Si bien el procedimiento de solicitud de la concesión pudiera haberse tramitado con anterioridad a la entrada en vigor del Plan Insular de Tenerife, sin embargo sí que sirve de referencia y guía al gobierno de Canarias a la hora de denegar la concesión en función de las determinaciones contenidas en dicho Plan.

    En ese sentido, la zona donde pretende desarrollarse la actividad esta incluida en un Área de protección ambiental, además, en lo que se refiere a la ordenación del litoral, está sometida ala previa realización de un Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral.

    El PIOT establece la obligatoriedad de la formulación de estos Planes sobre cada uno de los ámbitos costeros que se indican en el artículo 11; concretamente el frente marítimo de Las Galletas estaría afectado por el tramo denominado "Costa de Abona, desde el límite municipal entre Arico y Granadilla hasta el límite sur de Los Cristianos". En su zonificación y regulación de los usos primarán criterios de protección de los recursos litorales, teniendo en cuenta el valor ecológico de los espacios litorales acuáticos y terrestres, las áreas de fondos singulares, los valores paisajísticos del entorno marítimo-terrestre y los lugares que contienen elementos de valor científico destacados.

    A la vista de ello, nuevamente hay que destacar la necesidad de reconducir la acuicultura a través de la previa ordenación del litoral y, por supuesto, de la actividad.

Séptima.- En concordancia con lo expuesto, así como con el marcado carácter conservacionista de la Ley de Costas, procede la denegación de la solicitud de las concesiones administrativas, previa emisión de la preceptiva y vinculante Declaración de Impacto Ecológico desfavorable y que por parte del gobierno de Canarias y, en particular, la Viceconsejería de Pesca establezca una moratoria en las concesiones administrativas para la acuicultura en tanto no se produzca la planificación y regulación de la actividad, o del litoral, indicadas en el cuerpo de este escrito y, en cualquier caso, que esta regulación y planificación prohíba el ejercicio de esta actividad en espacios naturales protegidos.

Por lo expuesto,

SE SOLICITA que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por formuladas las alegaciones que contiene y acuerde denegar las concesiones administrativas solicitadas para el ejercicio de la acuicultura.

En Santa Cruz de Tenerife, a 14 de agosto de 2004

14 de Agosto de 2004


Arona

Fotos

- Jaulas de cultivos en Los Gigantes

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